cómo lo tratan, la emotiva visita de su padre y cuándo podrían liberarlo

Presos con la cabeza rapada sentados en filas multitudinarias, presos con tatuajes en el pecho llevados a los saltos de un pabellón a otro, presos amontonados en celdas en las que los guardias no dejan de controlarlos ni cuando usan los inodoros…

Las imágenes que llegan de las cárceles de El Salvador, cuyo presidente es Nayib Bukele, son de alto impacto, estremecedoras. Son imágenes que dan miedo. O terror, directamente. Imágenes que transmiten algo así como el summum de la mano dura, el que las hace las paga en un grado exponencial, por qué no, lo más parecido al infierno.

¿Y si un día cae preso un hijo tuyo en una celda de esas características? ¿Qué hacés para soportar la angustia? ¿Cómo sobrellevás tanto desconsuelo? Y si encima estás convencido de que es inocente…

Mauricio Arias, 48 años, de Rivadavia, Mendoza, que trabaja en una pinturería, tiene a su hijo Alejo, de 26, en un penal de ese país. Y dice: “El 14 de julio de este año va a cumplir dos años detenido. No hay un día que no se nos caiga una lágrima por nuestro hijo”.

Mauricio habla con claridad y no pierde la entereza, pero se nota que está haciendo un esfuerzo grande para no quebrarse. En este calvario lo acompaña su mujer, Sandra González, que ocupa sus horas en un consultorio médico, y su hija, Agostina, de 20 años, que estudiaba psicología hasta que la tristeza por la detención de su hermano fue mucho más fuerte y la carrera quedó trunca, o en todo caso en un impasse, para otro momento menos áspero.

Aplicado, Alejo Arias cursó el secundario en el colegio Santa María de Oro, de orientación técnica. Después, empezó a estudiar Radiología en la Universidad de Congreso, en el centro de Mendoza. Y, como su padre, trabajaba en una pinturería.

Con el tiempo vislumbró la idea de instalarse de seis meses a un año en El Salvador, juntar algo de dinero y volver a su provincia y seguir costeándose los gastos de sus estudios, ya que le falta un año para recibirse.

El 6 de marzo de 2023 viajó en micro a Santiago de Chile, y de ahí se tomó un avión al país de Centroamérica. El pasaje se lo pagó la organización que le había dado el empleo y se lo iban descontando de su sueldo: por trabajar de 8 a 18, con un solo franco los domingos, le pagaban unos 600 dólares. «En aquel momento ese dinero tenía más valor de lo que tiene ahora», explica Mauricio, su papá.

También, para justificar su estadía a la hora de entrar a El Salvador, Alejo había vendido su auto, un Fiat 128. Según su familia, el joven no sabía que lo había contratado un grupo de microfinancieras ilegales que, según algunas investigaciones posteriores, habría enviado 20 millones de dólares a Colombia. En moto, el rol del mendocino era el de cobrador. El trabajo lo consiguió a través del novio colombiano de una prima que vive en San Luis, que a su vez tiene un parentesco con el dueño de la organización.

Alquilado por la «empresa», Alejo vivía en un condominio cerrado con pileta. En los primeros tiempos estaba feliz, disfrutaba del lugar, de la comida y, sobre todo, del clima: en El Salvador es difícil que la temperatura se ubique por debajo de los 20 grados. Pero empezó a sentirse intranquilo cuando, yendo a hacer las cobranzas, la Policía lo frenó dos veces. «Le miraban los tatuajes para ver si era de alguna mara», sigue su papá, en referencia a las pandillas criminales que operan desde hace tiempo en esa zona del mapa.

Finalmente, el 14 de julio de 2023, junto con 45 colombianos y tres salvadoreños, Alejo fue detenido. Le sacaron el pasaporte, el celular y el reloj, entre otras pertenencias. En una audiencia colectiva, lo acusaron de tres delitos: asociación ilícita, lavado de dinero y disturbios públicos, y le dictaron prisión preventiva por seis meses.

El mendocino quedó incomunicado. Primero estuvo dos semanas en El Penalito, algo así como una comisaría, un galpón donde los reos esperan ser trasladados a alguna de las cárceles del país. Luego lo llevaron al Centro Penal de Jucuapa, en el distrito Usulután, cerca de la costa, a 200 kilómetros de la capital de El Salvador, un centro de detención de mediana seguridad, “en el que no hay maras pero sí hacinamiento”, según describe Mauricio Arias, padre de Alejo.

«Vimos su cara en un video, lo llevaban con la cabeza baja, flaquito, deprimido», avanza Mauricio. Con el mismo uniforme que el resto de los presos, Alejo vestía una remera blanca y un short del mismo color.

En aquel momento, Bukele se refirió a la detención de Arias y compañía en su cuenta de X: “Los colombianos son nuestros hermanos, pero como en toda sociedad, siempre existe un pequeño porcentaje que quiere aprovecharse de los demás. Algunos de ellos han venido a delinquir a nuestro país. Esas personas deberán enfrentar la justicia salvadoreña, reclame quien reclame”.

Alejo no tenía antecedentes penales. Seis meses después de su llegada a El Salvador, el 6 de septiembre de 2023, se le vencía su permiso de estadía en ese país. Sin noticias de él, su familia empezó a desesperarse.

Sus abogados, con Miguel Ángel Pierri a la cabeza, que tomó el caso «ad honorem», y apoyado por Walter Mata en El Salvador, pidieron que interviniera la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la condición humanitaria de Alejo empezó a ser monitoreada por la cancillería argentina.

En abril de 2024 hubo, si se puede calificar así, buenas noticias: Arias fue trasladado a un centro de detención más abierto, el Penal Occidental de Santa Ana, a 62 kilómetros de la capital, donde el personal del consulado argentino puede acceder con menos protocolos.

Allí, los presos cultivan sus propios alimentos en granjas y tienen diferentes oficios, como el de construir en madera los puestos donde se ubican los guardavidas en la playa.

Alejo, que en Mendoza también trabajó de personal trainer, está al frente de un grupo de entrenamiento integrado por unos 20 presos. «Le hace bien, lo mantiene activo y le despeja la cabeza», cuenta Mauricio.

Lo que también lo ayuda es la visita que recibe cada 45 días de un enviado del consulado argentino, que le lleva un kit con alimentos, artículos de aseo y cartas vía mail de su familia.

En ese intercambio epistolar, Alejo, el único argentino preso en El Salvador, cuenta que está entregado a Dios, que extraña los asados de su papá, que estudia inglés y que mantiene una relación cordial con el personal de seguridad y el resto de los detenidos, que son, entre otros, militares, abogados, jueces y extranjeros.

También, Alejo dice que no ve la hora de reencontrarse con su perro Moro, un pitbull muy cariñoso.

El 27 de marzo de 2022, tras una jornada en la que hubo más de 60 homicidios, el presidente Bukele decretó el Estado de Excepción, es decir, se permitía un mayor despliegue policial y militar en las zonas más conflictivas de El Salvador y la detención de toda aquella persona sospechosa de pertenecer a las maras.

El Estado de Excepción restringe derechos y garantías individuales como la libre reunión y la inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones, y al mismo tiempo permite las detenciones sin orden judicial.

A partir de ese día, el país gobernado por Bukele, que había trabajado como publicista, pasó de ser el más inseguro del mundo al segundo más seguro. Incluso, supera por un punto porcentual a países como Suiza, Islandia o Luxemburgo, en donde el 87 por ciento de sus ciudadanos dicen sentirse seguros caminando solos por la calle a la noche, según un Informe de Seguridad Global publicado por la consultora Gallup.

Los salvadoreños elogian a Bukele, que en febrero de 2024 ganó su reelección por otros cinco años de mandato con el 84,65% de los votos.

Desde que se impuso el Estado de Excepción en El Salvador se encarcelaron a más de 84.000 personas, supuestos pandilleros que, en su mayoría, no tienen sentencia judicial en su contra. De ese total, más de 13.000 están presos en el Centro de Confinamiento de Terroristas (CECOT), la cárcel de máxima seguridad de ese país, la más grande e imponente de América Latina y el Caribe. Tiene capacidad para 40.000 condenados, con penas de hasta 1.500 años.

La prisión tiene un muro perimetral de 2,1 kilómetros, vigilado día y noche por 600 soldados y 250 policías. En el interior, la seguridad está a cargo de guardias de la Dirección General de Centros Penales. Las celdas son de concreto reforzado y tienen gruesos barrotes de acero. La prisión cuenta con pozos propios para extraer agua potable. Las luces no se apagan nunca. Los presos duermen en planchas metálicas, sin colchón. Se higienizan en piletones dentro de las celdas, donde conviven más de 40 reos.

Los integrantes de las maras permanecen encerrados todo el día: 23 horas y media. Los 30 minutos que les quedan salen a un pasillo a hacer ejercicios de estiramiento.

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que en algunos penales de El Salvador hay un «grave hacinamiento» por la detención de sospechosos y que decenas de personas han sido asesinadas durante su encierro.

A su vez, la ONG Cristosal, fundada por obispos anglicanos, informó que, hasta mediados del año pasado, habían muerto 261 personas en prisión en El Salvador «por torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, por la falta de alimentación, por insalubridad, por la falta de atención inhumana y otras situaciones».

Bukele, de 43 años, afirmó que los gobiernos salvadoreños anteriores «tenían a los pandilleros con prostitutas, equipos de PlayStation, pantallas, teléfonos celulares y computadoras, premiando al delincuente».

El presidente rechaza las críticas, que no son pocas: desde que entró en vigencia el Estado de Excepción, El Salvador alcanzó la tasa de encarcelamiento más alta del mundo: dos de cada 100 adultos salvadoreños están en prisión.

«Cuando manejás una operación de estas dimensiones, podría haber un error y que haya gente detenida sin tener ningún vínculo con las pandillas”, admitió el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, en una entrevista con la BBC. «Como se dice, lo perfecto es enemigo de lo bueno».

El 17 de junio del año pasado, la ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich, recorrió las instalaciones del CECOT junto a su director, Belarmino García. “Juntos contra los criminales que asesinan masivamente y se creían dueños de nuestros países y sociedades”, describió la ministra.

Una de las ideas de Bullrich es copiar “el modelo Bukele” en la Argentina y construir una cárcel de máxima seguridad como el CECOT para delincuentes de alta peligrosidad, como los integrantes de bandas narcos rosarinas.

En septiembre de 2024, gracias a una colecta en Mendoza, a Ricardo Manzur, el intendente de Rivadavia, y a Luis Petri, el ministro de Defensa, que vive a unos 20 kilómetros de Rivadavia y consiguió una «autorización excepcional», Mauricio Arias pudo viajar a El Salvador y reencontrarse con su hijo Alejo.

“Llegué el martes 24 de septiembre y pude ver a mi hijo el 2 de octubre”, relata Mauricio, que se instaló en la casa de huéspedes Lorena Contreras. El lugar se lo consiguió el capellán colombiano Jaime Gutiérrez. Estuvo un mes. “Me dieron mucha contención”, suelta.

El encuentro con Alejo fue, tal como lo describe su padre, muy emocionante. “No parábamos de llorar», sintetiza. «Alejo me decía: ‘Perdón, pa, por lo que te estoy haciendo pasar’. Y yo le respondía: ‘No tenés que pedirme perdón porque vos no sabías que te había contratado una organización ilegal’”.

Eran cerca de las diez de la mañana. En un patio del penal, la visita de Mauricio duró 40 minutos. Si bien Alejo no estaba esposado, un guardia se mantuvo cerca de ellos en todo momento.

«Hubo otra frase que me emocionó mucho», sigue su papá. «Alejo me dijo: ‘Pa, esta visita me da fuerzas para aguantar lo que sea’”.

-¿Te pudiste sacar alguna foto con él?

-No, porque me pidieron que dejara el teléfono celular en la entrada.

Hasta poco antes de que Mauricio llegara a la cárcel, Alejo no sabía que su padre lo iba a visitar. El cónsul no quería generarle falsas ilusiones. «El apoyo que nos dio la embajada argentina en El Salvador, encabezada por Sergio Laciuk, ha sido enorme. En los primeros seis meses de detención de Alejo, cuando el presidente argentino seguía siendo Alberto Fernández, no recibíamos ninguna respuesta… Pero todo cambió con el gobierno actual, que a su vez tiene muy buena relación con el gobierno salvadoreño».

Mauricio encontró a Alejo bien de ánimo y entero físicamente. “Pesa unos 70 kilos, ya recuperó los siete kilos que había perdido en los primeros seis meses de detención”.

Al mendocino no lo raparon y sigue vestido todo de blanco: remera, pantalón y un calzado tipo “Crocs”. “En el cuello de la remera se hizo bordar la palabra ‘Argentina’”, agrega su papá.

Alejo comparte la celda con unos 20 presos. Duerme en una colchoneta, se levanta a las seis de la mañana y come tres veces al día: desayuno, almuerzo y cena. La dieta es a base de frijoles, arroz, algo de pollo… También asiste a las reuniones evangélicas que hay en el penal. «Su estadía en prisión la ha tomado como un retiro espiritual”, sigue Mauricio.

Sin contacto con el mundo exterior, Alejo no tiene ningún dispositivo electrónico: radio, televisor… Nada. Sólo dispone de una Biblia y una foto de toda su familia. Le sirve para sobrellevar los momentos más complicados. El 18 de noviembre de 2024 cumplió 26 años. Fue su segundo cumpleaños tras las rejas.

¿Cómo sigue la causa judicial? ¿Qué tiene que pasar para que Alejo recupere la libertad? Está previsto que a fines de marzo el argentino vuelva a declarar ante la Justicia salvadoreña. Se calcula que después de esa audiencia habrá que esperar de 30 a 60 días para que el Tribunal dicte una sentencia.

“Primero, Alejo fue acusado de formar parte de una banda criminal con roles de autor y organizador de delitos, pero con el correr del tiempo se comprobó que él no tenía nada que ver. Por eso se espera que sea juzgado bajo una calificación legal distinta y menos grave que la que le dieron al principio de este proceso”, explica Miguel Ángel Pierri, su abogado.

La estrategia de la defensa sería pautar con la fiscalía un juicio abreviado por una pena menor de las que se le imputan, excarcelable, que permita que Arias pueda volver al país.

“No hay dudas de que Alejo es inocente”, asegura su padre.

-Pero lo pueden condenar.

-Si lo condenan, que sea con la pena más baja posible. Si le dan dos años de prisión, por ejemplo, Alejo podría ser extraditado y quedaría libre porque le computarían el tiempo que ya lleva detenido.

En la Argentina, los tres delitos que pesan sobre Arias son excarcelables. Según el artículo 210 del Código Penal, por asociación ilícita corresponden penas de tres a diez años de prisión; según el artículo 303, a su vez, las condenas por lavado de dinero son de seis meses a tres años de prisión; y por disturbios públicos, tal como lo plantea el artículo 211, las penas son de dos a seis años tras las rejas.

«Si esto le hubiera pasado en la Argentina, Alejo estaría esperando el juicio en libertad«, suma Mauricio, su papá. «O en todo caso le darían una prisión domiciliaria. En algún momento también se dijo que, en lugar de ir a la cárcel, Alejo podía presentarse cada tanto en el consulado de El Salvador en la Argentina. Por ahora esa idea no prosperó».

¿Alejo no sospechó en ningún momento que estaba haciendo un trabajo ilegal? ¿Era consciente de eso pero como estaba en una situación favorable pensaba que no le iba a pasar nada? ¿Cómo pudo haber caído en semejante trampa?

“Alejo empezó a ver que pasaban cosas raras cuando ya se estaba por volver a la Argentina, cuando lo empezó a parar la Policía…”, dice Mauricio, que por ahora no tiene pensado volver a visitarlo en el penal de Santa Ana.

“Lo que nos queda es rezar tres veces por día: a las 6, a las 12 y a las 21. En El Salvador, Alejo reza a la misma hora que nosotros (hay tres horas de diferencia) y ésa es nuestra manera de estar comunicados. Necesitamos que se cumpla el milagro de que Alejo vuelva a casa”.

En Mendoza, el que también espera a Arias es su perro Moro. “A veces le digo: ‘El Ale ya va a llegar…’”, cierra Mauricio, el padre de Alejo. “Entonces Morito, que percibe todo, se para firme y empieza a mover la cabecita…”.