jueves, octubre 10, 2024
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“Gatillo fácil”: por el crimen de Blas, investigan al Tribunal de Conducta Policial

Los legajos se hicieron esperar más de la cuenta, pero al fin llegaron. Y cuando el fiscal José Mana y su equipo de trabajo se pusieron a estudiarlos, llegaron a la conclusión que ya presumían desde hacía un par de meses: los dos policías que en los primeros minutos del 6 de agosto último dispararon contra el auto en el que viajaban Blas Correas (17) y sus cuatro amigos jamás debieron haber estado trabajando esa noche.

Ante esto, Mana, que comenzó a investigar la responsabilidad del Tribunal de Conducta Policial, ya firmó girar esta parte del expediente a la fiscalía de turno del fuero Anticorrupción. Es que entiende que es allí donde corresponde investigar a los funcionarios públicos que aún continúan al frente de ese Tribunal, la cartera provincial que habilitó a esos efectivos a continuar en actividad.

Según la investigación judicial, aquella madrugada, los cabos primero Lucas Gómez (35) y Javier Catriel Alarcón (31), que estaban dispuestos en un control vehicular emplazado en la avenida Vélez Sársfield, frente al instituto Pablo Pizzurno, al sur de la ciudad de Córdoba, dispararon al menos cinco veces contra el Fiat Argo en el que viajaban los jóvenes sólo porque el conductor no frenó ante la orden policial. Uno de los balazos mató a Blas.

Hoy se cumplen cuatro meses del crimen. La causa tiene a 14 policías imputados, ocho de ellos presos. El viernes fue acusado por el delito de encubrimiento agravado el comisario inspector José Antonio Gatica, quien por ahora permanece en libertad.

El pasado 22 de noviembre, La Voz reveló que una de las acusadas, la agente Wanda Esquivel, había confesado ante la Justicia muchos detalles sobre lo ocurrido en el momento del crimen y en los instantes posteriores.

Según consta en el expediente, tras el homicidio de Blas, esa misma madrugada, los cuatro policías que habían participado del tiroteo, entre los que estaba Wanda, fueron entrevistados en Jefatura por el comisario inspector Ludueña (jefe del Distrito 3) y el comisario Gatica (jefe del CAP 3).

“Que en ese momento estaba el comisario Gatica y les preguntó a los cuatro acerca del arma y que les dice si habían puesto el arma ahí, que la mira a la dicente y ella lo asiente con la cabeza y él la mira y le dice quédese tranquila que por guardia tienen varios robos calificados en esa zona y que dejen ahí el tema del arma”, contó la mujer policía.

El homicidio, el intento de asesinato de los otro cuatro jóvenes, una larga cadena de encubrimientos que incluyó “plantar” un revólver en la escena del crimen y hasta golpes que sufrió el conductor del Argo forman parte de las distintas acusaciones contra los 14 policías involucrados en este complejo expediente judicial.

Las “otras” causas

Al mismo tiempo, y a partir de publicaciones de La Voz, se supo días después del crimen que los dos policías que habían disparado contra el Argo ya tenían otras causas penales encima, pese a lo cual continuaban trabajando.

“¡No se puede entender cómo los dejaron seguir trabajando con esos antecedentes!”, criticó un informante que sigue muy de cerca cada paso del expediente que lleva adelante el fiscal Mana.

Gómez tiene pendiente un juicio en la Cámara 8ª del Crimen de la ciudad de Córdoba por el presunto encubrimiento policial en 2016 al violador serial de La Calera, Leandro Castañares. Este fue condenado a 15 años de cárcel por seis ataques sexuales.

Junto con él también están imputados por encubrimiento agravado en ese caso el oficial Gabriel Miranda Ércoli, el integrante de la Unidad Judicial de La Calera Daniel Vigil y el cabo Diego Bustos.

“Las víctimas relataban que, cuando concurrían a las dependencias policiales de la zona de La Calera, los funcionarios policiales les pedían que desistieran de esta intención de denunciar”, recordó el fiscal Marcelo Hidalgo, quien actuó en el juicio del violador serial.

En Tribunales 2, no deja de llamar la atención cómo el Tribunal de Conducta Policial trató cada uno de estos casos; ordenó la cesantía de Bustos;, sancionó a Vigil y a Miranda Ércoli, y le levantó la situación pasiva a Gómez, quien volvió a trabajar hasta la noche en la que mataron a Blas. Desde entonces, está preso.

En el mismo pabellón, permanece detenido en Bouwer el cabo primero Alarcón, quien desde 2013 arrastra una imputación por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, tras ser denunciado por un remisero. Este aseguró que el policía y su dupla, en un control de la Policía Caminera entre Pilar y Río Segundo, lo maltrataron y lo llevaron detenido. La pasajera del remise, testigo independiente de este caso, resultó clave con su testimonio para la imputación.

La causa recayó en la Fiscalía de Río Segundo, que en aquel momento lideraba Luis Nazar, luego condenado por coimas. Esa sede judicial quedó acéfala hasta que recién en 2016 asumió su actual titular, Patricia Baulies. En ese entonces, el expediente ya estaba amontonado junto a varios más en un sótano de los Tribunales de esa ciudad. Pasaron varios meses hasta que fue hallado y desempolvado.

En su momento, tras un breve tiempo en situación pasiva, el Tribunal de Conducta Policial ordenó que Alarcón volviera a trabajar.

La situación pasiva indica que todo policía bajo alguna causa penal no puede trabajar de manera activa en la fuerza, se le quita el arma reglamentaria y sólo cobra el 30 por ciento del sueldo, mientras se le retiene la otra parte hasta que la investigación finalice.

Cruce político

El Tribunal de Conducta fue creado en 2003 para reemplazar a la división Asuntos Internos de la Policía. La premisa era que a partir de entonces iba a ser un órgano independiente de la fuerza (ya que depende del Poder Ejecutivo) el que investigara a los policías bajo sospecha de delitos.

Hoy está conformado por la directora, Ana María Becerra (en representación del Ejecutivo); por el legislador del PJ Patricio Serrano (por el Poder Legislativo), por y el abogado Manuel Cristian Savid (representante del Ministerio Público Fiscal).

Ahora, en medio de la conmoción por el “gatillo fácil” que se cobró la vida de Blas, y por varios casos más de abuso policial y de efectivos de todo tipo de rangos envueltos en investigaciones por otros delitos, el Ejecutivo elevó a la Unicameral un plan para que el Tribunal de Conducta tuviera más control por parte del Ministerio Público Fiscal y que a este órgano también se sumara la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.

El miércoles último, en la sesión de la Unicameral, el legislador por la UCR Marcelo Cossar solicitó que el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, fuera al recinto a explicar “por qué en Córdoba si no te mata un delincuente te mata un policía”.

“Queremos que asuman la responsabilidad política por los asesinatos de Blas Correas, de Joaquín Paredes y de José Ávila, por mencionar los últimos tres acontecidos en un plazo de cuatro meses. Queremos que venga el ministro de Seguridad y nos diga por qué el cabo primero Lucas Gómez, que fue el que asesinó a Blas Correas, estaba en la calle portando un arma de fuego si había sido imputado en 2017 en el marco de la causa por el violador serial de La Calera. Queremos que se nos explique por qué, si en esa oportunidad los separaron de la fuerza a él y a otros tres policías, tres de ellos siguen separados y este señor sí volvió a la fuerza y le dieron un arma”, apuntó el legislador.

En ese punto, Cossar subrayó que tanto la titular del Tribunal de Conducta, Becerra, como el ministro de Seguridad aún no explicaron el motivo por el que se permitió que en su momento Gómez y Alarcón volvieran a trabajar.

Un día después, en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, mientras Mosquera y el ministro de Justicia, Julián López, daban detalles del plan sobre el nuevo Tribunal de Conducta Policial, fue el legislador opositor Aurelio García Elorrio el que hizo un planteo similar y pidió la renuncia al ministro de Seguridad.

A declarar

A todo esto, la investigación en la fiscalía de Mana continúa agregando elementos. Para esta semana se espera que declaren vía videollamada desde la cárcel de Bouwer los últimos tres detenidos: el comisario inspector Walter Soria, el comisario inspector Jorge Galleguillo y el comisario Enzo Quiroga, quienes esa madrugada tenían roles clave en el Distrito 3, el área policial de la ciudad de Córdoba en la que se produjo el crimen. Están imputados por el delito de omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.

Al mismo tiempo, se aguarda la reconstrucción virtual que está realizando un gabinete especializado de la Policía Judicial sobre la trayectoria de todos los balazos disparados por los policías aquella madrugada, y se esperan los resultados de un peritaje médico que será clave para definir la suerte judicial de los tres empleados de la clínica Aconcagua imputados por abandono de persona luego de que no dejaron ingresar a Blas cuando lo llevó un amigo.

En este último punto, la fiscalía intenta establecer si era posible salvarle la vida al joven si lo atendían en ese momento.

Cuatro meses. Hoy se cumplen cuatro meses del asesinato de Blas Correas. Hay 14 policías imputados por diversas figuras penales y tres empleados de la clínica Aconcagua acusados de abandono de persona. Y no se descartan más imputaciones.

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Edición Impresa

El texto original de este artículo fue publicado el 6/12/2020 en nuestra edición impresa.

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