En medio de la ola desreguladora y recortes presupuestarios del gobierno de Javier Milei, un proyecto en el Congreso de la Nación, generó inquietud y despertó una vieja pelea en el negocio del vino.
El diputado nacional porteño del PRO Damián Arabia, cercano a la ministra Patricia Bullrich, pidió la derogación de la ley 25.849 de creación de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), que obliga a las bodegas a pagar el aporte de entre $ 0,45 y $ 0,85 por litro fraccionado para financiar al organismo.
La Coviar, con sede en Mendoza, fue creada en 2004, como entidad público-privada para promover el negocio del vino, con un plan estratégico que abarque a toda la cadena productiva.
Funciona gracias al aporte de productores y elaboradores de vino fraccionado y a granel, mosto y pasas de uvas. El presupesto por aportes de privados para la temporada que va de julio 2024 a junio 2025, fue de 1.725 millones de pesos.
Pero Coviar también ha recibido millonarios desembolsos estatales para proyectos de sus unidades ejecutoras, como son el Observatorio y el Fondo Vitivinícola, con financiamiento del Estado nacional, las provincias productoras y organismos internacionales. Durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía (2022-2023), recibió 1.135 millones de pesos extra. Y otros 634 millones de pesos los ministerios de Turismo y de Ciencia y Técnica, de la gestión de Alberto Fernández.
Con estos aportes extras, presupuesto total de Coviar en 2023/2024 fue de 3.782 millones. Con la llegada de Milei al poder, se recortaron y suspendieron todos los proyectos con aportes del Estado nacional.
Aporte obligatorio
El diputado Arabia, quien además de su cargo de legislador, produce un vino llamado Finca Los Dioses, argumenta en su propuesta legislativa que la ley establece contribuciones de «imposición compulsiva», que aumenta los costos de producción y los precios para los consumidores.
«La vitivinicultura es una actividad privada. Debe organizarse de manera autónoma, sin intervención estatal ni recursos públicos asignados a intereses sectoriales», sostiene el diputado.
La iniciativa legislativa recalentó la histórica disputa entre quienes gestionan la Coviar y Bodegas de Argentina, entidad que agrupa a la mayoría de las grandes empresas del vino y cuestiona la obligatoriedad del aporte.
Quienes avalan la derogación de la Ley que creó Coviar cuestionan el manejo financiero, la discrecionalidad de recursos, y que no se cumplió con el objetivo del Plan Estratégico Vitivinícola a 15 años. Debía concluir en 2020 y se extendió a 2030.
Desde Coviar aclararon que el financiamiento es principalmente del sector privado, y que es un aporte insignificante, del 0,047% del total comercializado en la vitivinicultura argentina. «Coviar está integrada por representantes de 18 provincias y trabajamos en un plan estratégico para toda la vitivinicultura argentina», dijo el presidente de la entidad, el bodeguero riojano Mario González.
Este viernes, un comunicado de 30 cámaras y cooperativas que integran Coviar, cuestionó la intención de carácter político ideológico de la derogación: «La discusión no es por recursos, costos ni mucho menos por competitividad. Si fuera esa la verdadera razón se abriría un debate real en torno a la excesiva presión impositiva que significa más de un 58,3% de los ingresos de las empresas y que pesa sobre una actividad productiva de alto valor agregado».
A favor de la iniciativa legislativa, Bodegas de Argentina publicó un comunicado en su perfil de X, en la que cuestiona a la Coviar por «falta de transparencia, modos de proceder y eficacia en su gestión”.
Destaca el directorio de Bodegas de Argentina que no participa en Coviar desde 2019, lo que no exime a sus 250 asociados de seguir aportando para el financiamiento de la Corporación.
Y según advierte la entidad bodeguera: «Quien no cumple con el aporte a Coviar, corre el riesgo de ver inmovilizadas sus operaciones comerciales».
En un contexto de caída de las ventas en el mercado interno y las exportaciones de vinos, Bodegas de Argentina calificó al sistema actual como “una carga impositiva imposible de sostener que afecta la competitividad».
A dónde van los aportes
Entre los principales puntos de los fundamentos del proyecto de ley que propone la derogación de la Ley 25.849, figura la restitución del carácter privado de Coviar: «Debe funcionar como una entidad del sector privado, sin el respaldo jurídico ni financiamiento del Estado, y sin aportes obligatorios de las bodegas».
El último presupuesto de Coviar de julio 2024 a junio de 2025, es de 1.725 millones de pesos. El 31% se destina a la promoción en los mercados internacionales, un 27% para el mercado interno, un 23% para el eje de rentabilidad, productividad y calidad, el 10% se lo llevo el eje social, y el enoturismo, un 3%; y el eje ambiental y la administración, un 3% cada uno.
Durante la última temporada todos los establecimientos vitivinícolas debieron pagar;
$ 0,58 por litro elaborado de vino, mosto sulfitado, mosto virgen, u otro producto vitivinícola sin proceso de concentración.
$ 0,49 por litro de producto vitivinícola fraccionado sin indicación de variedades, excepto el mosto concentrado.
$ 0,80 por litro de producto vitivinícola fraccionado con indicación de variedades, champagne y vinos especiales, excepto el mosto concentrado.
$ 3,02 por litro de mosto concentrado despachado al consumo interno o exportado.
$ 0,48 por cada kilogramo de uva ingresada a los establecimientos procesadores de uva en fresco y pasas.
El debate legislativo
Mendoza concentra el 73% de la superficie cultivada de vino de Argentina, el 64% de la producción de uva y el 78% de la elaboración de vino. Sin embargo, la propuesta de ley no lleva la firma de ningún legislador de la provincia cuyana.
El proyecto de Arabia tiene como coautores a los diputados del PRO, Gerardo Milman; Patricia Vásquez; Sergio Capozzi; Laura Rodríguez Machado; José Nuñez; Martín Ardohain; Emmanuel Bianchetti; Alejandro Bongiovanni. Y, por la Libertad Avanza, los diputados Bertie Benegas Lynch y Emilia Orozco.
El gobierno de Mendoza (UCR-PRO) no tiene una posición unificada sobre la polémica. La vicegobernadora Hebe Casado (PRO) manifestó su apoyo a la derogacación con un posteo en X que decía: «basta de aportes obligatorios», mientras que el ministro de la Producción, el bodeguero Rodolfo Vargas Arizu, avaló que los aportes sean voluntarios, y no obligatorios, pero se quejó de que ninguna de las provincias productoras fueron consultadas sobre la intención legislativa de derogar Coviar.
El comunicado de las 30 entidades que apoyan el rol de la Coviar plantea la pelea federalismo versus centralismo: «Que un legislador nacional por la Ciudad de Buenos Aires planteé la eliminación de una política de Estado de un sector productivo como el vitivinícola pone en debate quién toma las decisiones y qué rol tienen las provincias y los centros de producción a la hora de definir políticas y estrategias de desarrollo. No es una discusión por recursos sino por la representatividad de la vitivinicultura argentina».
