La legislatura de Córdoba aprobó en la última sesión del año uno de los proyectos más polémicos de todo el ejercicio 2021: la regularización de los juegos y apuestas online en la provincia.
La propuesta como autores a los legisladores Orlando Arduh, Silvia Paleo, Dario Capitani, Raúl Recalde y Alberto Ambrosio, todos integrantes de Juntos por el Cambio, y se aprobará al finalizar la sesión con los votos de Hacemos por Córdoba.
La presentación generó un fuerte rechazo de todo el arco opositor y una buena parte de los actores sociales y políticos de Córdoba. La propia Pastoral Social emitió fuertes comunicados en contra del proyecto que permitirá la “explotación” del juego online “podrá ser efectuada por personas humanas o jurídicas, entidades públicas o privadas, con domicilio constituido en la provincia de Córdoba”.
La escalada de declaraciones tomó tal calibre en las últimas horas que, incluso, tuvo consecuencias internas en el principal espacio opositor cordobés. El radicalismo y el Frente Cívico pidieron que el proyecto sea retirado, en tanto que el PRO (cuyos representantes avalaron la iniciativa con sus firmas) pidió “un mayor debate con todos los actores sociales involucrados”.
Orlando Arduh, por su parte, fue desafiliado de la UCR temporalmente luego de una decisión del Tribunal de Conducta del partido que basó su decisión en ” haberse negado a retirar el proyecto que presento para legalizar el juego clandestino online y que mañana será tratado en la legislatura de Córdoba”. Además, lo citó para presentarse al tribunal partidario el próximo 4 de febrero, a fin de resolver su situación.
Arduh ya anticipó que apelará la decisión del partido.
Posiciones a favor y en contra
El presidente del Bloque Juntos por el Cambio, Orlando Arduh defendió el proyecto durante el debate y resaltó que “el Estado tiene el deber de regularizar el juego online”.
“(Los radicales) me suspendieron la ficha por presentar un proyecto de ley. En Córdoba prefieren esgrimir razones morales. Mientras más luz se eche sobre el juego, más transparente será el procedimiento. Salvo que quieran dejar todo en un oscurantismo medieval”, sentenció.
“Lo cierto es que muchos menores hoy están sin control en estas plataformas, que las grandes y pequeñas empresas ponen a disposición sus servicios sin tributar un solo centavo al Estado provincial. Tergiversar el debate, impedir su tratamiento, es desconocer lo que efectivamente está ocurriendo, como si algún artilugio mágico, dejar de hablar sobre el tema o dilatar su discusión, obrara el milagro de que desapareciera y disminuyeran los porcentajes de pobreza en nuestra provincia“.
Y agregó Arduh: “La verdad es que el supuesto al que la mayoría se aferra sobre que aumentará la pobreza es justamente eso: un supuesto que, para la tranquilidad de todos, una vez que la ley comience a aplicarse, si es necesario, se harán todas las modificaciones que hagan falta para ir en contra de ese flagelo estructural, y hacer de esta ley la mejor posible”.
Marcelo Cossar rechazó la iniciativa y afirmó que con su aprobación se promueve desde lo político la generación de un deterioro social enorme. “Le están dando una navaja a un mono. Es un proyecto debatido de una manera oscura”, remarcó.
“Este es un proyecto oscuro, que va a traer oscuridad a la gran mayoría de los cordobeses. Le dijimos que no al proyecto de legalizar la timba”, sostuvo también el legislador de Juntos UCR Córdoba a través de Twitter, tras su exposición ante el recinto legislativo.
En el cierre del debate, el presidente del bloque de Hacemos por Córdoba, Francisco Fortuna, aseguró que tras la aprobación del proyecto habrá un aprendizaje, que ayudará a mejorar las respuestas sobre el tema. “La ley establece un régimen importante de sanciones para quienes la transgredan. Pretende iniciar un proceso de regulación de una problemática que existe y que ha venido para quedarse. Nosotros estamos convencidos de la necesidad de generar esta norma”, sostuvo.
La legisladora Silvia Paleo, coautora del proyecto, expresó: “Esto no es una habilitación masiva y descontrolada. Estamos proponiendo una regulación”, dijo al tiempo que señaló que “Córdoba no es pionera en este tema”, sino que “son muchos los distritos en nuestro país que tienen iniciativas similares”, y que se trata de un tema que se viene regulando en Argentina y el mundo.
“Algunos —siguió la legisladora— me preguntan ‘por qué regular’. Bueno, porque el único camino posible hacia un juego responsable, como ya dije, es responsabilidad del Estado. Y por eso planteamos este proyecto. El único camino posible hacia un juego responsable es tener un juego seguro, y para eso hay que fijar pautas, pautas claras y concretas para las empresas operadoras y los usuarios”, agregó.
También dijo Paleo: “Ojalá pudiéramos dedicarnos únicamente a sancionar leyes sobre temas felices, sobre temas que nos resulten cómodos, sobre temas que moralmente no tengan ningún reproche, sobre temas sin polémica”.
“La verdad, tenemos que trabajar sobre los temas que nos impone la realidad, y el juego en línea clandestino es una realidad en Córdoba. Hay que animarnos a dar los debates sobre los flagelos que aquejan a los cordobeses, para proponer soluciones y diseñarlas juntos. Nadie tiene una respuesta definitiva para arreglar los problemas”, cerró.
Algunos puntos claves
El proyecto aprobado este miércoles tiene por objeto regular el juego online a través, entre otras acciones, de la creación de un Registro de Licencias de Juego en Línea, así como “colaborar con el Estado en la detección y erradicación de los juegos ilegales, en la persecución del fraude y la criminalidad”.
La iniciativa establece además que solo podrán acceder a la licencia para la realización de estas actividades personas humanas o jurídicas con domicilio en la provincia. Las licencias se otorgarán a través de licitación pública.
Además, como actividades comprendidas en su ámbito de aplicación, menciona a los “juegos de casino -de mesa y máquinas electrónicas de juegos de azar automatizadas-”, “las apuestas deportivas”, así como “loterías” y aquellas otras “que se definan por vía reglamentaria”, en las que “se arriesguen cantidades de dinero sobre resultados futuros e inciertos, con independencia que predomine en ellos el grado de destreza de los jugadores o sea exclusivamente de suerte o azar”.
Asimismo establece prohibiciones subjetivas de acceso para menores de edad, personas que figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y accionistas o propietarios de licencias de juego, entre otros.
También se crea un registro de jugadores, donde se certifique la identidad y la mayoría de edad de los participantes. Los licenciatarios del juego deben habilitar una función que le permita al jugador establecer límites de depósitos y otra para que pueda solicitar su exclusión.
Cabe destacar que el texto definitivo incluyó modificaciones tales como la referida a la participación de personas jurídicas nacionales en las uniones transitorias (UT) en las que aquellas se asociaren con empresas extranjeras. Mientras que el proyecto original fijaba la participación de esas empresas nacionales en el 35 por ciento de las UT, la norma aprobada disminuye ese porcentaje al 15 por ciento.
Del mismo modo, la ley sancionada aumenta la cantidad de licenciatarios de cinco que proponía el primer texto a 10, con la posibilidad de ampliar ese número a 20. También disminuye a 15 los años de plazo de las licencias, que en el proyecto original se fijaba en 20, al tiempo que establece que el destino del canon, en su totalidad, será destinado a asistencia social.